Defensa Integral de las Personas con Discapacidad Auditiva en el Perú
Situación de las Personas con Pérdida Auditiva en el Perú
La vida de las personas con pérdida de audición, en la realidad peruana, presenta una serie de limitaciones y circunstancias que vulneran su integridad física y psicológica. Debido a, que la población de este grupo vulnerable no recibe el apoyo idóneo del Estado para contrarrestar los efectos negativos producidos por la condición de discapacidad auditiva que padecen. Además, del poco interés y empatía que muestra la comunidad para con este asunto.
La situación de las personas con discapacidad auditiva en el territorio peruano es una vida llena de privaciones, brechas, obstáculos y desigualdades que les impiden desarrollarse plenamente como seres humanos. Asimismo, la cifra de personas con hipoacusia que adolecen esta situación, según el último Censo Nacional de Población realizado en el año 2017, asciende a 232 176 en el Perú. En su estudio, la Defensoría del Pueblo (DP, 2021; p.14) manifiesta que la persona con pérdida auditiva experimenta y afronta las siguientes dificultades e inconvenientes, las cuales agravan su situación en la sociedad peruana:
A. Discriminación y exclusión social:
Cuando a una persona sorda se le trata de manera desigual, simplemente por su
condición.
B. Falta de oportunidades laborales: Se
refiere a la concepción de que una persona con discapacidad auditiva no será lo
suficientemente productiva en el trabajo.
C. Barreras en la educación: Falta de
infraestructura adecuada y material pedagógico.
D. Inaccesibilidad en los medios de
transporte: Los servicios de transporte no responden a las necesidades de las
personas con discapacidad auditiva.
E. Pobreza: Condiciones económicas precarias que afectan su bienestar.
Esta clasificación nos muestra las distintas situaciones que aquejan la vida de la persona con deficiencia auditiva en el Perú. Por ello, es importante tener conocimiento de la condición en que viven las personas en situación de deficiencia auditiva. En vistas a, brindar los mecanismos de ayuda necesarios para superar estas carencias que se presentan en su vida. Pues, dichas barreras que enfrentan impiden su libre e íntegro desarrollo en sociedad y el ejercicio de sus derechos humanos.
En definitiva, la situación de las personas con hipoacusia en el Perú presenta una gama de dificultades que imposibilitan su entera realización en la sociedad. Dado que, existen carencias en distintos ámbitos de la vida de la persona, tanto en lo educativo como en lo económico. Asimismo, el índice de personas con discapacidad auditiva nos muestra la población que sufre dichas limitaciones, las cuales los colocan en una situación de extrema vulnerabilidad en la realidad peruana.
Defensa Integral de la Persona Hipoacúsica
Toda persona tiene el derecho a ser defendida ante cualquier agente transgresor o circunstancia perjudicial. Igualmente, las personas con discapacidad auditiva no están exentas de esto. Incluso, son quienes están en una situación de mayor riesgo, en comparación con el común de la población. En concreto, la defensa integral de su persona consiste en salvaguardar su ser ante cualquier situación que afecte su vida social.
La defensa integral de la persona con discapacidad auditiva es el mecanismo que opera a través de normas jurídicas que guardan y velan por su bienestar en sociedad. Según la Constitución Política del Perú (1993) declara en su artículo N° 1 que “la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado” (p. 1). En otras palabras, las leyes que formula el Estado Peruano y que son plasmadas en la carta magna, tiene por objeto proteger a toda persona en su totalidad, sin importar su condición.
La defensa integral de la persona con hipoacusia tiene como finalidad la mejora de la calidad de vida, tratando los obstáculos o limitaciones físicas que afecten su bienestar en su entorno. En su estudio, Suazo (2016) afirma que “estas limitaciones se disminuyen, proporcionando intervenciones y servicios o apoyos que se centran en (…) el bienestar personal” (pp. 64-65). Mejor dicho, los mecanismos de defensa y apoyo que se les brinde garantizarán la reducción de todo elemento que afecte su integridad y libre desarrollo.
En definitiva, la defensa integral de la persona con disminución del sentido auditivo es reconocido como derecho fundamental. Por eso, el Estado garantiza su protección, mediante la promulgación de normas jurídicas. Asimismo, tiene por objeto mejorar la condición en la que viven. Dado que, las deficiencias que presentan en el órgano auditivo impiden su completo desarrollo o la realización plena de su bienestar en sociedad.


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